La Legislatura de Córdoba ha dado un paso significativo hacia la ampliación del acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la sociedad al aprobar la creación del Ministerio Público de la Defensa. Esta medida tiene como objetivo proporcionar asistencia jurídica integral y de calidad a aquellos ciudadanos que la requieran. En este artículo, te presentamos los detalles de esta importante decisión legislativa.
Una apuesta por la justicia accesible
En un esfuerzo por brindar una respuesta efectiva a las necesidades de justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad, la Legislatura de Córdoba ha aprobado la creación del Ministerio Público de la Defensa. Esta entidad se incorporará al Poder Judicial de la Provincia y se espera que desempeñe un papel fundamental en la promoción del acceso a la justicia.
Declaraciones de la Legisladora Julieta Rinaldi
Durante la vigésima novena sesión legislativa, presidida por el legislador Francisco Fortuna, la legisladora Julieta Rinaldi explicó el propósito detrás de esta normativa. Según Rinaldi, el objetivo principal es «favorecer el acceso a la Justicia de los sectores vulnerables de la sociedad, mediante una asistencia jurídica integral y de calidad para aquellos ciudadanos que la requieran». Esta declaración pone de manifiesto la importancia de esta medida para garantizar que todos los ciudadanos tengan igualdad de condiciones al enfrentar cuestiones legales.
Independencia y autonomía del Ministerio
Además de su función de proporcionar asistencia legal, la nueva ley garantiza la independencia y autonomía funcional del Ministerio Público de la Defensa al especificar que «no se halla sujeto a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura». Esto asegura que el ministerio pueda operar sin interferencias externas y se centre en su misión de brindar apoyo legal a quienes lo necesiten.
Principios fundamentales
El Ministerio Público de la Defensa se regirá por una serie de principios fundamentales, incluyendo la unidad de actuación, la priorización del interés de la persona asistida y reglas de confidencialidad, gratuidad, celeridad y simplicidad en su función. Estos principios son esenciales para garantizar que la asistencia legal sea efectiva y equitativa.
Designación y composición
Según lo explicado por la legisladora Rinaldi, este nuevo ministerio estará encabezado por un defensor general y dos defensores adjuntos designados por el Poder Ejecutivo provincial, con el acuerdo de la Legislatura. Además, estará integrado por defensores públicos de diversos fueros, lo que permitirá una representación amplia y diversa en la defensa legal de los ciudadanos.
Proceso de destitución transparente
Una modificación relevante en la ley es el procedimiento de destitución del defensor general, que se contempla a través del procedimiento de Jurado de Enjuiciamiento. Esto garantiza un proceso transparente y justo en caso de que surjan cuestionamientos sobre el desempeño del defensor general.
El legislador Juan Manuel Cid, quien lidera la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, destacó la importancia de esta creación y su congruencia con lo establecido en la Constitución de 1994. Según Cid, esta medida se ajusta a las normas de rango constitucional supranacional, en línea con las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La declaración de Cid subraya la relevancia de esta medida no solo a nivel provincial sino también en el contexto internacional de derechos humanos, consolidando así el compromiso de Córdoba con la promoción de la justicia y el acceso equitativo a la misma.
Apoyo y oposición en la votación
El proyecto de ley fue aprobado en general con el respaldo de los bloques Hacemos por Córdoba, Córdoba Auténtica, Identidad Peronista y Juntos por el Cambio. Sin embargo, en la votación en particular, las últimas tres fuerzas expresaron su oposición al artículo 9, y Identidad Peronista también rechazó el artículo 22.
La creación del Ministerio Público de la Defensa en Córdoba representa un avance significativo en la promoción de la igualdad de acceso a la justicia. Esta medida busca garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica o social, tengan acceso a una asistencia legal de calidad cuando la necesiten.
