El Juzgado Civil de Marcos Juárez condenó a COYSPU y al Municipio a pagar más de $115 millones por daños en inmuebles del centro. El monto total del litigio, base para el cálculo de honorarios, asciende a $149 millones. Ambas demandadas apelaron la sentencia.
Una sentencia dictada el 21 de abril de 2026 por el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación de Marcos Juárez ordenó a la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos (COYSPU) y a la Municipalidad de Marcos Juárez a pagar, en conjunto, más de $115 millones en concepto de daños y perjuicios. El origen del caso se remonta a febrero de 2018, cuando la avería de un caño maestro de distribución de agua potable en calle 9 de Julio provocó el hundimiento progresivo del suelo y dejó tres propiedades con grietas estructurales, pisos levantados y paredes inclinadas que, ocho años después, siguen sin ser reparadas.
Una avería que tardó décadas en manifestarse
El caño afectado era de asbesto y cemento, tenía aproximadamente 40 años de antigüedad y corría por debajo de la vereda oeste de calle 9 de Julio, entre San Martín y Maipú. A fines de febrero de 2018, los vecinos advirtieron que brotaba agua en la vereda. En los días siguientes, las filtraciones se multiplicaron en varios puntos del mismo tramo. COYSPU y la Municipalidad realizaron reparaciones de emergencia y luego encararon el reemplazo completo de los 60 metros de cañería, sustituyendo el material obsoleto por polietileno. Pero para entonces, el agua ya había saturado el suelo durante semanas.
Las consecuencias fueron rápidas y visibles. Las propietarias de los inmuebles ubicados en calle 9 de Julio 173, 175 y esquina Maipú —Ana Lía Vigna, María Emilia, María Milagros y María Jesús Fernández Campon— vieron cómo aparecían grietas en todas las paredes, los pisos se hundían, las puertas dejaban de cerrar y las vidrieras de la tienda familiar colapsaban de madrugada. El 30 de marzo de 2018, madre e hija tuvieron que abandonar su vivienda de urgencia, sacando sus pertenencias sobre pallets improvisados como puentes sobre la zanja que todavía permanecía abierta en la vereda.
Por qué el juez distribuyó la responsabilidad en partes iguales
El punto central del juicio fue determinar si los daños fueron causados exclusivamente por la avería del caño maestro o si la falta de mantenimiento de los edificios —construidos alrededor de 1950— también tuvo incidencia. El perito oficial, ingeniero civil Ernesto Reta, identificó dos fuentes concurrentes de daño en cada una de las tres unidades. La primera, vinculada directamente al siniestro hídrico de 2018: las grietas en esa zona presentaban escasa presencia de hongos, telarañas y decoloración de morteros, lo que permite inferir que son contemporáneas a las obras de reparación del ducto. La segunda fuente correspondía a daños previos de más de diez años de antigüedad, atribuibles a filtraciones internas de cañerías domiciliarias en mal estado y a un sótano no declarado en los planos municipales.
Según pudo saber Guiamedia a través de una fuente judicial, el criterio del fallo fue claro: había responsabilidad de ambas partes. «En la parte frontal correspondía a COYSPU y a la Municipalidad, que otorga la concesión del servicio, y en la parte interna por la falta de mantenimiento de los propietarios» explicó la fuente. Respecto al monto total del litigio, la misma fuente precisó que la base actualizada surge de los honorarios regulados a la parte actora, que ascienden a $149.085.790,20.
Los montos que deberán pagar COYSPU y el Municipio
La condena efectiva se divide en dos grupos. Para María Emilia, María Milagros y María Jesús Fernández Campon, en su carácter de propietarias, la suma asciende a $38.399.701,11. Ese monto incluye el costo parcial de las reparaciones estructurales —el perito oficial las estimó en más de $75 millones en total para devolver los inmuebles a su estado anterior— y daño moral para cada una de las tres actoras.
Para Ana Lía Vigna, como usufructuaria que debió abandonar su hogar y vio bloqueado el alquiler del local comercial durante años, el monto supera los $76.825.000. La cifra contempla la privación de uso de la vivienda durante 96 meses y el lucro cesante por la imposibilidad de alquilar la ex Tienda La Buena Vista durante 91 meses, calculado sobre valores de mercado certificados por perito tasadora oficial.
El fallo rechazó la excepción de prescripción planteada por ambas demandadas y también descartó el reclamo por desvalorización venal de los inmuebles, con el argumento de que un correcto seguimiento del proyecto de restauración garantizaría la recuperación estructural sin secuelas permanentes visibles. Las costas del proceso fueron distribuidas en 80% a cargo de COYSPU y el Municipio, y 20% a cargo de las actoras.
Una tienda, una familia y ocho años de espera
Los inmuebles dañados se ubican en pleno centro de Marcos Juárez, sobre calle 9 de Julio, a metros de la intersección con San Martín. Durante más de seis décadas, en ese mismo edificio funcionó la Tienda La Buena Vista, fundada por Raúl Fernández Campon y reconocida por generaciones de vecinos como uno de los comercios de referencia del centro. Cerró en mayo de 2017, tras el fallecimiento de su fundador. Meses después llegó la avería del caño maestro.
Desde entonces, los inmuebles permanecen sin poder ser utilizados. Las fachadas con daños visibles, las grietas y la vereda deteriorada frente al local forman parte del paisaje de esa cuadra desde 2018. La familia intentó reclamos extrajudiciales, firmó un convenio con la Municipalidad para inyecciones de relleno del suelo que no dieron el resultado esperado, y finalmente inició la demanda judicial en febrero de 2021.
Lo que viene después del fallo
COYSPU y la Municipalidad de Marcos Juárez tienen diez días desde la notificación de la sentencia para abonar las sumas establecidas, aunque según fuentes judiciales consultadas por Guiamedia, ambas demandadas apelaron el fallo, por lo que la causa continuará su trámite ante la Cámara de Apelaciones.
En 2020, el Concejo Deliberante de Marcos Juárez aprobó por unanimidad una ordenanza para llamar a licitación pública para el recambio de cañerías de agua potable. La ordenanza llegó dos años después de la avería que originó este juicio. La sentencia, con montos concretos y daños que todavía están a la vista, quedará como antecedente judicial en la ciudad.
